¿Despenalización del aborto en Bolivia? Una meta que avanza a paso lento

En la actualidad, Bolivia es uno de los países de Latinoamérica dónde aún existen restricciones respecto al aborto provocado, absolutamente penado por ley. Así, en los países con contextos legalmente restrictivos, las consecuencias adversas de dicha práctica constituyen un grave problema de salud pública.

Debido a que el aborto en Bolivia es ilegal, excepto cuando es por casos de violación, rapto, estupro o peligre la vida de la mujer, la mayoría de los abortos suceden en espacios clandestinos. Las mujeres deben acudir a lugares sin higiene, con métodos no efectivos y con personal poco calificado; lo que hace que la muerte de las mujeres como consecuencia sea una posibilidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el aborto en Bolivia representa la tercera causa por la que mueren las mujeres en el país. Anualmente se realizan más de 80 mil abortos: entre 185 y 200 abortos son practicados al día, cifras que alarman ya que hasta la fecha, Bolivia apenas constituye 11 millones de habitantes.

La situación se agrava más ya que, de todos los casos de aborto en Bolivia, el 14% son niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años de edad. Por otro lado, debido a la clandestinidad, alrededor de 480 mujeres mueren a causa de un aborto mal practicado.

¿Es legal el aborto en Bolivia?

En el Código Penal, el aborto en Bolivia está tipificado como un acto ilegal. Dicho Código contiene 12 artículos que sancionan el aborto, tanto a la mujer que se lo practica como a la persona que la asiste. De modo que, en el caso de que se demuestre que una mujer se ha practicado un aborto, su pena por el delito puede oscilar entre los 5 hasta los 30 años de cárcel.

En ese sentido, se establecen tres tipos de penas referentes al aborto: con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuese practicado sin el consentimiento de la mujer o si esta es menor. Si el aborto fuese practicado con el consentimiento de la mujer, entre uno a tres años y con reclusión de uno a tres años a la mujer que hubiese prestado su consentimiento. Y si el aborto se da con agravantes, como un daño a la salud o la misma muerte, puede tener entre tres a ocho años de privación de libertad para quien la asista.

Hasta la fecha no se dieron casos de privación de libertad por aborto en Bolivia por la pena máxima. Sin embargo, en el año 2014 varias mujeres fueron detenidas durante más de ocho horas por estar en una clínica donde se practicaban abortos, aunque no hubo ninguna acusación formal por el Ministerio Público y fueron liberadas.

Por otra parte, la lucha por la legalización del aborto en Bolivia, a través de organizaciones, ONGs e instituciones defensoras de los derechos de las mujeres ha posibilitado que se avance hacia la aprobación de una sentencia que permite el aborto bajo algunas causales. Esto ha significado un gran paso para la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación. El aborto puede ser practicado a sola presentación de la copia de la denuncia y la firma del consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta) para realizar el procedimiento.

También es permitido en caso de que peligre la salud o la vida de la mujer gestante o existan malformaciones congénitas letales. Para realizar el procedimiento aquí es necesaria la presentación de informes médicos que respalden la situación y la firma del consentimiento informado de la paciente.

¿Qué pasos seguir para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo en Bolivia si aplica?

Para acceder a un aborto en Bolivia de manera legal, el protocolo del Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud -que aplica la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014-, indica que se debe presentar el documento de denuncia en un centro de salud u hospital y solicitar el procedimiento.

Los servicios de salud, tanto públicos como privados, tienen la obligación de realizar la Interrupción del Embarazo (ILE) en un plazo de 24 horas, después de recibir la solicitud de una mujer víctima de violación o de aquella persona cuya vida está en riesgo producto del embarazo.

Sin embargo, en su mayoría, las y los prestadores de salud no cumplen con la sentencia y exigen una autorización judicial, retardando y haciendo más lejana la finalización del procedimiento. Es por eso que existen casos de mujeres que fueron de hospital en hospital durante varias semanas hasta conseguir una ILE.

Ese fue el caso de Sandra (nombre ficticio), de la ciudad de La Paz, quien a sus 39 años con hipertensión arterial avanzada y problemas renales, se enteró que estaba embarazada. Al ser un embarazo de alto riesgo, aplicaba para realizarse una ILE. Al saberlo, conjuntamente con el informe médico y su consentimiento informado tuvo que peregrinar de hospital en hospital durante cinco semanas hasta que finalmente le practicaron el aborto. El mismo fue realizado por el gerente del hospital ya que dentro del Protocolo de atención para ILE, existe un apartado que exenta a las y los médicos de realizar el procedimiento mediante la objeción de conciencia. No obstante, la misma norma establece que “es una decisión personal y no institucional”, por lo que, quien se niegue a esa práctica debe informar al jefe de servicio y al director, para que la institución garantice el derecho a la ILE.

Por otro lado, como el aborto en Bolivia está tipificado como delito, muchos de ellos se realizan en la clandestinidad. Así, la mayoría de las mujeres se ve obligada a acudir a lugares insalubres o demasiado caros, enfrentándose a situaciones de riesgo y de vulneración a sus derechos.

Ese fue el caso de Valeria, de 16 años, quien a finales del 2019 se enteró que estaba embarazada de su pareja con quien había tenido su primera relación sexual. Valeria se hizo una ecografía y acudió a sus amigas para conseguir las pastillas de misoprostol. Apenas las tuvo, inició el tratamiento. Sin embargo, la dosis no le hizo efecto alguno, de modo que su última opción fue realizarse un aborto inducido en un consultorio clandestino de la Garita de Lima (calle de la ciudad de La Paz conocida por estar repleta de consultorios de “ginecología” donde se realizan abortos clandestinos). Al ingresar al consultorio se encontró con un lugar lleno de cámaras que filmaban todo. Valeria y su amiga preguntaron al médico de turno el costo del procedimiento. Este les respondió diciendo que, al ser ilegal, el precio oscilaba entre los 150 a 200 dólares y todo iba a depender de la cantidad de semanas de gestación que tenía Valeria.

Valeria le dijo que contaba sólo con la mitad del dinero que se requería, aún así el médico le hizo una revisión. Ya en la camilla, el médico le dijo que no estaba lo suficientemente dilatada para realizar el procedimiento, ofreciéndole un descuento a cambio de tener relaciones sexuales. En ese momento, Valeria decidió salir inmediatamente del lugar, dejando su ecografía en manos del médico acosador. Por medio de otra amiga logró encontrar otro lugar donde le realizaron el aborto: el precio oscilaba entre los 150 y 180 dólares.

En Bolivia, muchas mujeres tienen que vivir situaciones incómodas al igual que Valeria, que además de buscar alternativas para interrumpir su embarazo, se enfrentan a una infinidad de riesgos. Pueden ser denunciadas o ser vulneradas emocional, física o económicamente.

En contraste con esta situación, debido a que el aborto en Bolivia está penalizado, existen varias organizaciones y grupos feministas que acuden a ayudar a estas mujeres. En muchos casos dotan a un precio económico las pastillas de misoprostol y mifepristona y posteriormente hacen el acompañamiento correspondiente.

Las maneras más frecuentes para proceder con un aborto en Bolivia son dos. La primera es mediante pastillas de misoprostol y mifepristona. Pueden ser adquiridas en todas las farmacias bajo receta médica, a través de grupos de acompañamiento a un bajo precio o por el comercio informal, donde generalmente incrementan (incluso duplican) el precio de cada dosis. La segunda es mediante la Aspiración Manual Indouterina (AMEU) en clínicas privadas o consultorios clandestinos. Los precios de las pastillas oscilan entre los 10 y 50 dólares por dosis y cuando se trata de AMEU depende del nivel de riesgo, el tiempo de gestación y la temporada, pero los precios varían de 100 a 250 dólares.

El aborto en Bolivia en el contexto de la pandemia de la Covid-19

En los últimos meses, el confinamiento dictado a partir de la pandemia ha generado que muchas mujeres no puedan acceder a métodos anticonceptivos ni a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Como consecuencia, se han visto obligadas a buscar maneras de realizarse un aborto en Bolivia.

A su vez, una cuarentena tan rígida, sumada al hecho de que las fronteras estuvieron cerradas por un largo tiempo, produjo una escasez de las pastillas de misoprostol y mifepristona. Esto hizo que las y los proveedores del comercio informal suban sus precios. Lo mismo sucedió con las clínicas privadas que ofrecen la AMEU, debido a las restricciones y las medidas de bioseguridad que se tomaron desde el reinicio de las actividades.

La pandemia ha generado que las brechas de desigualdad se incrementen y salgan a flote otras nuevas. Jimena (nombre ficticio) de 23 años es acompañante desde los 20 y tuvo muchas dificultades para conseguir las pastillas de misoprostol, llegando a encontrar dosis a precios demasiado altos en el comercio informal. Para ella fue complicado acompañar a todas las personas que la contactaban, por lo que tuvo que priorizar los casos más cercanos y con más necesidad.

Jimena comenta que acompañó a una joven de 15 años que fue abusada por su padrastro durante toda la cuarentena. No quería denunciar por miedo a la reacción de su familia, que no contaba con el dinero suficiente para pagar el tratamiento. Por eso, Jimena decidió apoyarle dotándole las dosis de forma gratuita.

Las brechas de desigualdad, la penalización social por gran parte de la sociedad boliviana, el descuido y la falta de garantías en salud y educación por parte del Estado, son aspectos que hacen que el aborto en Bolivia sea un problema social, político, económico y de salud pública. Esto hace lejana la idea de despenalizar totalmente el aborto en un futuro cercano.

or lo tanto, ahora es importante que se garantice el cumplimiento de la laicidad en el país y la difusión de la Sentencia Constitucional 0206/2014 sobre Interrupción Legal del Embarazo por parte del Estado. También que se asegure la inclusión de educación integral para la sexualidad en espacios formales como las escuelas, e informales como organizaciones juveniles.

Si te encuentras en Bolivia y quieres acceder a más información sobre cómo acceder a un aborto seguro, conocer sobre otros testimonios, anticoncepción u otros temas relacionados puedes ingresar a la página de safe2choose.org como también a la página en Facebook “Por la vida de las Mujeres” donde encontrarás mayor información, apoyo y orientación.